LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO SIGUEN IMPIDIENDO LA CREACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO Y MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
Cuando le explico a un vecino que el Estado no me deja contratar más personal, no se lo cree
Las políticas de austeridad se han dirigido en los últimos años a restringir el gasto público para minimizar al máximo el papel de las instituciones públicas en la economía y a medidas tendentes de manera directa o indirecta a privatizar los servicios públicos. En esta estrategia neoliberal se enmarca las restricciones a la Oferta de Empleo Público que han sufrido las corporaciones locales y todas las administraciones en general.
Desde el año 2012 vienen apareciendo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) restricciones a la oferta de empleo público, y esto ha supuesto que los Ayuntamientos hayan visto cómo su plantilla de personal no sólo se estancaba o se veía mermada al no alcanzar los mínimos necesarios de la tasa de reposición permitida, sino que, en el mejor de los casos, avanzaba en precariedad, sustituyéndose el trabajo estable por contrataciones temporales o interinidades, que tarde o temprano supondrán un nuevo problema que en su día habrá que resolver.
Si los Ayuntamientos no pueden aumentar el Capítulo I de personal desde el año 2012 y la tasa de reposición hace referencia a cubrir aquellas plazas que se vayan quedando vacantes por jubilaciones u otros aspectos, y además solo afecta a determinados sectores como policía, sanidad, educación y servicios sociales; difícilmente podremos dar respuesta al aumento o mejora de los servicios públicos que son necesarios en los municipios y que por diferentes circunstancias hacen necesario el mantenimiento o la ampliación de la plantilla de personal, y esas ampliaciones de personal vienen motivadas o bien por la necesidad de incorporación de nuevas áreas en las que el ayuntamiento ha de ejercer sus competencias, o bien por la apertura de nuevos edificios municipales que necesitan la dotación de personal suficiente para su funcionamiento.
Por poner como ejemplo el Ayuntamiento de Conil, desde el año 2012 se ha incrementado tanto los servicios como los edificios públicos. Para ilustrar este punto, decir que hace tres años se incorporó a los edificios municipales “La Chanca”, un edificio histórico rehabilitado que supera los 8.000 m2, que incluye la nueva biblioteca de Conil para adultos y niños, un Centro de Interpretación del Mar y las Almadrabas, y varias salas de exposiciones, además de los exteriores (dos patios transitables). Para la limpieza, vigilancia, apertura y cierre de este local, así como para la atención al público en el mismo, no se nos ha permitido contratar personal alguno. Por no hablar ya del nuevo centro de Servicios Sociales, del nuevo apeadero de Autobuses, o de la recepción de nuevas zonas de reciente desarrollo urbanístico que necesitan de recursos humanos.
Estas situaciones se agravan mucho más en aquellos municipios de gran afluencia turística y que tienen que prestar los servicios públicos con la misma plantilla que disponían en el año en el año 2012, como si la situación no hubiese variado desde entonces. Y aquí merece la pena recordar que los datos turísticos de los últimos cuatro años a nivel nacional ponen de manifiesto que la actividad turística se ha incrementado notablemente, y por lo tanto también la necesidad de aumentar los servicios públicos que se prestan a los residentes y turistas.
Son muchos los ayuntamientos que tienen capacidad económica suficiente para generar empleo, y sin embargo, ven cortadas sus pretensiones por leyes injustas que pretenden adelgazar el sector público para dar cabida a otras formas de gestión que sin duda suponen un mayor esfuerzo económico a los ayuntamientos, y por lo tanto son negativas para los intereses de los ciudadanos y ciudadanas.
Cuando trato de explicar a un vecino que el estado no me permite contratar a más personal porque no puedo destinar más dinero del que aparece en el capítulo de personal desde el año 2012, y que no puedo sacar oferta de empleo público a no ser que alguien se jubile, no se lo cree. En el borrador de los Presupuestos Generales para este año 2017 siguen apareciendo las mismas normas que coartan la autonomía de gestión y organización que la Constitución Española da los Ayuntamientos. La Administración Local ha sido la que más se ha visto afectada por la aplicación de esta normativa, puesto que en cuatro años ha perdido casi 100.000 empleos, lo que supone una reducción del 15%, mientras que la reducción en la Administración General del Estado y en las CCAA ha sido del 11,5% y del 3,7%, respectivamente, según los cálculos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
En estos últimos días en la que ha salido a la palestra el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y el que el ministro Montoro no para de decir que son unas cuentas que defienden los servicios públicos tengo que decir claramente que NO ME LO CREO.
Desde el año 2012 vienen apareciendo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) restricciones a la oferta de empleo público, y esto ha supuesto que los Ayuntamientos hayan visto cómo su plantilla de personal no sólo se estancaba o se veía mermada al no alcanzar los mínimos necesarios de la tasa de reposición permitida, sino que, en el mejor de los casos, avanzaba en precariedad, sustituyéndose el trabajo estable por contrataciones temporales o interinidades, que tarde o temprano supondrán un nuevo problema que en su día habrá que resolver.
Si los Ayuntamientos no pueden aumentar el Capítulo I de personal desde el año 2012 y la tasa de reposición hace referencia a cubrir aquellas plazas que se vayan quedando vacantes por jubilaciones u otros aspectos, y además solo afecta a determinados sectores como policía, sanidad, educación y servicios sociales; difícilmente podremos dar respuesta al aumento o mejora de los servicios públicos que son necesarios en los municipios y que por diferentes circunstancias hacen necesario el mantenimiento o la ampliación de la plantilla de personal, y esas ampliaciones de personal vienen motivadas o bien por la necesidad de incorporación de nuevas áreas en las que el ayuntamiento ha de ejercer sus competencias, o bien por la apertura de nuevos edificios municipales que necesitan la dotación de personal suficiente para su funcionamiento.
Por poner como ejemplo el Ayuntamiento de Conil, desde el año 2012 se ha incrementado tanto los servicios como los edificios públicos. Para ilustrar este punto, decir que hace tres años se incorporó a los edificios municipales “La Chanca”, un edificio histórico rehabilitado que supera los 8.000 m2, que incluye la nueva biblioteca de Conil para adultos y niños, un Centro de Interpretación del Mar y las Almadrabas, y varias salas de exposiciones, además de los exteriores (dos patios transitables). Para la limpieza, vigilancia, apertura y cierre de este local, así como para la atención al público en el mismo, no se nos ha permitido contratar personal alguno. Por no hablar ya del nuevo centro de Servicios Sociales, del nuevo apeadero de Autobuses, o de la recepción de nuevas zonas de reciente desarrollo urbanístico que necesitan de recursos humanos.
Estas situaciones se agravan mucho más en aquellos municipios de gran afluencia turística y que tienen que prestar los servicios públicos con la misma plantilla que disponían en el año en el año 2012, como si la situación no hubiese variado desde entonces. Y aquí merece la pena recordar que los datos turísticos de los últimos cuatro años a nivel nacional ponen de manifiesto que la actividad turística se ha incrementado notablemente, y por lo tanto también la necesidad de aumentar los servicios públicos que se prestan a los residentes y turistas.
Son muchos los ayuntamientos que tienen capacidad económica suficiente para generar empleo, y sin embargo, ven cortadas sus pretensiones por leyes injustas que pretenden adelgazar el sector público para dar cabida a otras formas de gestión que sin duda suponen un mayor esfuerzo económico a los ayuntamientos, y por lo tanto son negativas para los intereses de los ciudadanos y ciudadanas.
Cuando trato de explicar a un vecino que el estado no me permite contratar a más personal porque no puedo destinar más dinero del que aparece en el capítulo de personal desde el año 2012, y que no puedo sacar oferta de empleo público a no ser que alguien se jubile, no se lo cree. En el borrador de los Presupuestos Generales para este año 2017 siguen apareciendo las mismas normas que coartan la autonomía de gestión y organización que la Constitución Española da los Ayuntamientos. La Administración Local ha sido la que más se ha visto afectada por la aplicación de esta normativa, puesto que en cuatro años ha perdido casi 100.000 empleos, lo que supone una reducción del 15%, mientras que la reducción en la Administración General del Estado y en las CCAA ha sido del 11,5% y del 3,7%, respectivamente, según los cálculos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
En estos últimos días en la que ha salido a la palestra el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y el que el ministro Montoro no para de decir que son unas cuentas que defienden los servicios públicos tengo que decir claramente que NO ME LO CREO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario