La ‘reforma express’ del artículo 135 de la Constitución abrió el camino a una serie de normas que constriñen cruelmente la capacidad de acción de las administraciones públicas, sobre todo de las más cercanas a la ciudadanía como son los ayuntamientos. Con ese acuerdo político entre PP y PSOE se introdujo una regla fiscal que limita el déficit público y prioriza el pago de la deuda. A partir de esta abrupta modificación del principio constitucional, fue cuando se redactó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que contempla las tres reglas fiscales que han sido convertidas en ‘sagradas’ como son: la no superación de un tope de déficit público, la no superación de un tope de deuda y el respeto a la Regla de Gasto. Este último es el más inexplicable de todos en términos de la lógica del interés general, ya que impide -a pesar de que haya superávit- que se dedique ese saldo positivo al gasto social o a realizar nuevas inversiones. Debe utilizarse para amortizar deuda de manera anticipada aunque sea algo absurdo desde el punto de vista económico. Es decir, se anteponen los intereses de la banca a los intereses de la mayoría social, o dicho de otra forma, se pone la economía al servicio de una minoría privilegiada a costa de menguar las condiciones de vida de la mayoría.
La modificación de la Ley de Bases de Régimen Local ha supuesto para los ayuntamientos que quieren poner en marcha nuevos servicios públicos en sus pueblos tener que pasar por verdaderos quebraderos de cabeza. Un ejemplo claro lo hemos vivido en el Ayuntamiento de Conil para poner en marcha el nuevo apeadero de autobuses que se ha construido y que dicha ley considera que es una competencia impropia. Parece increíble que un servicio tan importante y que mejora la calidad de vida de los vecinos y vecinas, sólo se puede poner en marcha si se cumplen todos y cada uno de los objetivos de la ley de estabilidad presupuestaria. Es injusto teniendo en cuenta que somos la administración más cercana a los ciudadanos y los que menos participación tenemos en los ingresos del estado.
Otra cuestión importante derivada del cumplimiento del mantra del déficit y que se recoge en los presupuestos generales del estado en estos últimos años es la imposibilidad de ampliar el presupuesto municipal en el capítulo de personal, lo cual nos impide, ampliar la plantilla municipal y poder contratar.
Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores que nos limitan el crecimiento económico, que nos limitan la asunción de competencias que nos demandan los ciudadanos y ciudadanas, y que nos impiden poder poner en práctica políticas de empleo, estamos abocados los concejales y alcaldes a ser meros convidados de piedra a los cuales se les impide poner en marcha políticas que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Que nadie entienda que se trata de evadir responsabilidades o competencias, a pesar de todo esto, somos muchos los alcaldes y las alcaldesas que tratamos de paliar todos estos problemas con los pocos recursos de que disponemos, y hago mía la máxima de que cuando “la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho” y por lo tanto, alcaldes y alcaldesas, estamos obligados a rebelarnos y a exponer lo que sentimos.
Llevo varios años representando a IU en la Femp (Federeración Española de Municipios y Provincias) y en la CNAL (Comisión Nacional de la Administración Local) donde coincido con alcaldes y alcaldesas de diferente color político que trasladan todas estas cuestiones al gobierno central. Pero desgraciadamente todas nuestras reivindicaciones han caído en saco roto debido a la mayoría del PP. Me temo que otros cuatro años de gobierno en las mismas condiciones será nefasto para los ayuntamientos a no ser que cambien de una vez por todas estas políticas neoliberales marcadas por Europa y asumidas a pies juntillas por el gobierno de Mariano Rajoy y que están contribuyendo al sufrimiento de la mayoría social de este país.
