BANDO
JUAN M. BERMÚDEZ ESCÁMEZ, ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA.
Con motivo de las graves consecuencias que para todos va acarrear, la propuesta de modificación en Régimen Local que desde el Partido Popular se está impulsando,
HAGO SABER QUE:
El Boletín Oficial de las Cortes Generales publicó el pasado 6 de septiembre el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que será a continuación tramitado en sede parlamentaria.
El proyecto legislativo del Gobierno de la Nación se ha propuesto alterar radicalmente lo que hasta ahora se ha entendido como esfera local.
Pretende además hacerlo de espaldas a las propias reivindicaciones que hacemos desde los Ayuntamientos, ignorando que somos los Consistorios los únicos que, de forma próxima, diaria y permanente, estamos atendiendo las necesidades sociales que no para de generar la situación de crisis que padecemos.
Se pretende además dar al traste con la autonomía local que cada municipio ejerce frente a las legítimas expectativas de los ciudadanos, ignorando el punto de vista que en cada caso tiene la administración autonómica, que en el caso de Andalucía, de acuerdo a su Estatuto de autonomía, cuenta con competencia en materia de Régimen Local.
No en vano, con la última Reforma del Estatuto para Andalucía se reforzó el municipalismo, con la definición de competencias propias de los municipios en su artículo 92, ante la ausencia de referencias explícitas de las mismas en la Constitución Española. Esta inclusión supuso un reconocimiento estatutario del papel fundamental del municipio en el desarrollo de la organización territorial de nuestra Comunidad Autónoma, así como de su definición como una parte del Estado, y no una administración menor o tutelada.
Desde Madrid se pretende sin tapujos desmantelar el modelo de gestión pública que se inició en España con los Ayuntamientos democráticos desde 1979. Se quiere volver a un estado centralizador que convierta en un vestigio de la historia el municipalismo español y que relegue indudable poder democrático local a la categoría de mero estricto figurante.
El proyecto supone un ataque letal en toda regla al ya de por si mermado margen de maniobra municipal para gestionar los intereses de sus vecinos. La denominada reforma de la administración local no es una reforma: en una demolición, un claro desprecio al principio rector de la administración más cercana al ciudadano.
La reforma respira tutelaje de una administración sobre otra. La obsesión por la sostenibilidad financiera recorre todos los aspectos normativos de dicha reforma. Habla de racionalizar la estructura organizativa cuando quiere decir privatizar servicios y entes instrumentales, y reconoce como uno de los objetivos el favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas. En este último punto reside la clave de bóveda de la reforma: debilitamiento de la democracia local a través de la reducción de sus competencias, anteposición de los principios financieros neoliberales sobre cualquiera otra consideración en la gestión municipal, intervención y fortalecimiento de una entidad decimonónica, asociada al clientelismo y la falta de transparencia y control democrático, como son las Diputaciones Provinciales, y privatización de los servicios públicos por esta en los municipios que pierdan la titularidad de sus competencias. Llaman profesionalidad y transparencia a la eliminación de la política en el ámbito local.
En definitiva, con esta iniciativa, desde el Consejo de Ministros se pretende:
- Convertir en una excepcionalidad histórica la experiencia democrática de los ayuntamientos españoles iniciada en 1979.
- Eliminar el poder del servicio público más cercano, alejando de la ciudadanía la gestión de lo público, fortaleciendo la deriva autoritaria y el alejamiento de la política de una población que exige más participación, más democracia y más transparencia.
- Hacer simplemente testimonial la participación ciudadana en los asuntos de interés local.
- Disminuir y vaciar de competencias a los Ayuntamientos.
- Sustraer del campo de acción municipal servicios públicos locales muy necesarios, que al resultar mayoritariamente deficitarios, hace presagiar un futuro incierto para muchos ciudadanos/as que precisan de los mismos.
- Reforzar de administraciones de elección indirecta como las Diputaciones.
- Proceder a la intervención de Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes en caso de incumplir con los principios de estabilidad presupuestaria y pérdida de competencias entre los de 5.000 y 20.000habitantes a favor de las Diputaciones.
- Recentralizar el funcionariado de la administración local con habilitación de carácter estatal.
- Privatizar los servicios públicos y desmantelar la administración local.
- Suprimir, entre otras, de las competencias en promoción de viviendas, servicios sociales, educación o promoción del medio ambiente.
- Anular el principio de autoorganización municipal y autonomía local.
- Anular la capacidad de los Ayuntamientos para la dinamización de la economía local.
- Imponer indicadores de calidad puramente financieros, sin contemplar criterios de atención a la ciudadanía de carácter social o de derechos humanos básicos.
Por todo ello, merece la pena no olvidar que Andalucía se ha distinguido por ser una tierra que ha defendido sus intereses cuando estos se han visto amenazados. Hemos de recordar el fundamental papel que jugaron los Ayuntamientos democráticos de la época en la movilización y toma de conciencia de que el poder andaluz también estaba y está en sus municipios.
Nuestra Comunidad Autónoma está organizada territorialmente por municipios y provincias sin las cuales es imposible comprender su evolución y configuración actual. La ciudadanía andaluza tiene legítimamente la concepción de los Ayuntamientos como institución más cercana y a la que acudir en primera instancia para la resolución de sus demandas.
Por todo lo cual, este Alcalde quiere manifestar y hacer llegar a todos los/as vecinos/as de Conil de la Frontera que tal y como ya se propuso en el pleno municipal de fecha 21 de marzo de 2013 y con el fin de que se potencie la rentabilidad social por encima de la estrictamente económica:
1.- El equipo de Gobierno Municipal de Conil de la Frontera que presido muestra su rechazo a toda reforma de la administración local que suponga un deterioro del papel de los Ayuntamientos en el ejercicio de las funciones establecidas por el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
2.- Ratificar el poder de gestión y la legitimidad de los ayuntamientos, que son frutos de la democracia directa, para que no sucumban ante Diputaciones Provinciales que no lo son.
3.- Proclamar que la Ley no va contra las entidades locales, sino contra la ciudadanía porque: hay mil maneras de ahorrar y la mejor es que paguen los que tienen.
4.- En base a todo ello, esta Alcaldía se declara en rebeldía con el recorte de derechos básicos y alienta al Gobierno de la Nación a que “vaya contra el Senado o las Diputaciones Provinciales”.
En consecuencia, y para general conocimiento, se hace saber cual es y será el punto de vista del Gobierno Municipal de Conil de la Frontera frente a la propuesta de imposición impulsada desde el Gobierno de la Nación.
En Conil de la Frontera a 15 de octubre de 2013
EL ALCALDE
Fdo.: Juan M. Bermúdez Escámez
